La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación para el exalcalde de Agrón (Granada) Guillermo López como presunto autor de un delito continuado de prevaricación urbanística, al conceder la licencia para varios inmuebles que no se ajustaban a la legalidad.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan a diciembre del 2006, cuando Guillermo López era alcalde de este municipio de la comarca de Alhama y concedió licencia para la construcción en dos calles de viviendas y bajos de diversas alturas a favor de una promotora.
Dicha autorización por parte de Alcaldía se llevó a cabo sin contar con el preceptivo informe jurídico sobre la adecuación de la licencia interesada a la legalidad urbanística vigente y sin la presentación por la promotora del proyecto básico y de ejecución oportunamente firmado y visado por el Colegio de Arquitectos.
Además, el 30 de enero del 2008, técnicos de la Diputación de Granada informaron de la no adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, recomendando como medida cautelar la paralización de los trabajos que se estaban ejecutando, en tanto no se adoptasen las medidas correctoras pertinentes para restaurar la normativa.
El acusado acordó mediante decreto la paralización de los trabajos, aunque "imponiendo verbalmente" al secretario del Ayuntamiento y a la auxiliar administrativa que no se notificase dicha decisión a los interesados para permitir de este modo que se finalizase la construcción de los edificios.
Dichas obras no se ajustan a la legalidad al superarse la altura máxima de edificaciones, la ocupación máxima permitida, el incumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias y la cubierta, sin cumplir las características dominantes en la localidad.
Por ello, el fiscal solicita que se imponga al exalcalde una pena de 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público, así como 3 años de prisión y una multa total de 7.200 euros durante 20 meses.
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Dicha autorización por parte de Alcaldía se llevó a cabo sin contar con el preceptivo informe jurídico sobre la adecuación de la licencia interesada a la legalidad urbanística vigente y sin la presentación por la promotora del proyecto básico y de ejecución oportunamente firmado y visado por el Colegio de Arquitectos.
Además, el 30 de enero del 2008, técnicos de la Diputación de Granada informaron de la no adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, recomendando como medida cautelar la paralización de los trabajos que se estaban ejecutando, en tanto no se adoptasen las medidas correctoras pertinentes para restaurar la normativa.
El acusado acordó mediante decreto la paralización de los trabajos, aunque "imponiendo verbalmente" al secretario del Ayuntamiento y a la auxiliar administrativa que no se notificase dicha decisión a los interesados para permitir de este modo que se finalizase la construcción de los edificios.
Dichas obras no se ajustan a la legalidad al superarse la altura máxima de edificaciones, la ocupación máxima permitida, el incumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias y la cubierta, sin cumplir las características dominantes en la localidad.
Por ello, el fiscal solicita que se imponga al exalcalde una pena de 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público, así como 3 años de prisión y una multa total de 7.200 euros durante 20 meses.
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